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A través del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares\xa0;se agilizan y simplifican procesos de impartición de justicia
El gobernador, Julio Menchaca Salazar, asistió como invitado de honor a la sesión solemne del Congreso de la Ciudad de México en la que se emitió la declaratoria de vigencia y aplicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.\xa0;
Allí, el mandatario hidalguense recordó que, durante su paso por el Senado de la República, presentó junto a su entonces compañero, Ricardo Monreal Ávila, la iniciativa para expedir el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Lo anterior, con el fin de constituir un sistema de justicia que se encuentre a la par de los más altos estándares nacionales e internacionales, donde, además, se antepongan la protección de mujeres, niñas, niños y adolescentes.\xa0;
“Estamos ante un momento histórico, pues esta aprobación contempla la unificación de las normas entre las entidades federativas, lo que dará seguridad y certidumbre en los procedimientos civiles y familiares”, manifestó el titular del Ejecutivo estatal.
Agregó: “se agilizarán los procedimientos judiciales, entre otras acciones que permitirán hacer un buen uso de los medios alternos de solución de conflictos, manteniendo a las personas juzgadoras a la vanguardia mediante la implementación de juicios en línea y audiencias a distancia”.\xa0;
Al dar lectura al dictamen de la declaratoria, se explicó que en ella también se contempla el aumento de la edad de retiro de 70 a 75 años de juezas, jueces, magistradas y magistrados de la ciudad capital, a fin de aprovechar la experiencia de quienes hacen cumplir la ley, priorizando los sistemas de oralidad y justicia digital para garantizar el ejercicio de sus funciones, acorde a los postulados contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
A este acto acudieron la presidenta de la Comisión de Justicia del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero; el presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, magistrado Rafael Guerra Álvarez, y distintas representaciones del Consejo de la Judicatura, así como de las secretarías de Gobernación y de Marina.
