Oscar Javier González, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPSH), informó sobre un aumento significativo en las denuncias laborales desde que se produjo el cambio en los ayuntamientos.
Hasta la fecha se han registrado 78 quejas, de las cuales 28 provienen de un solo municipio, Tasquillo.
La mayoría de estas denuncias están relacionadas con despidos injustificados que serán atendidos en el Tribunal de Arbitraje.
González enfatizó la importancia de que los ayuntamientos respeten los derechos laborales de los trabajadores. “Es fundamental que se realicen los despidos de manera ordenada y que se pague puntualmente cualquier indemnización o finiquito que se deba. Esto no solo evita conflictos laborales, sino que también asegura el bienestar de la clase trabajadora”, afirmó.
Ante la creciente preocupación por las condiciones laborales en la región, el secretario planea comunicarse con los presidentes municipales para entender las razones detrás de este aumento en las quejas. “Es un gran número de denuncias y debemos asegurarnos de que se manejen de forma adecuada”, agregó.
Por otro lado, ex trabajadores del Ayuntamiento de Mineral de la Reforma han denunciado que más de 150 de ellos fueron despedidos tras el cambio de gobierno, y muchos aún esperan sus finiquitos.
Según informaron, se había dejado un recurso comprometido para cubrir estos pagos, pero ahora se afirma que el presidente municipal Eduardo Medécigo se niega a cumplir con estas obligaciones. Algunos trabajadores han comenzado a presentar sus denuncias, mientras otros esperan poder resolver su situación a través de conciliación y arbitraje.
En relación con las condiciones generales de trabajo, González aseguró que se realizarán revisiones para garantizar que se cumpla con la normativa establecida por la Ley Federal del Trabajo. “Ningún salario puede estar por debajo del salario mínimo y las jornadas laborales no deben exceder las 8 horas”, puntualizó.
Desde enero hasta agosto de este año, se realizaron 1,267 inspecciones a empresas, de las cuales más del 60% resultaron en denuncias. Las inspecciones se priorizan ante las denuncias recibidas, muchas de las cuales pueden ser anónimas para proteger a los denunciantes.
González también destacó que, si las empresas no solventan las observaciones dentro del plazo establecido, se inicia un procedimiento administrativo que puede conllevar multas.
En cuanto a las multas acumuladas, el secretario mencionó que ascienden aproximadamente a 1.8 millones de pesos. Las sanciones se generan principalmente por violaciones a las normas laborales en municipios como Pachuca y Tepetitlán, donde se concentra la mayor actividad industrial.
