Después de seis meses de que fueron desplazados de sus hogares, supuestamente debido a un conflicto por intolerancia religiosa, los 151 habitantes de las comunidades de Coamila y Rancho Nuevo, en Huejutla, Hidalgo, siguen viviendo en condiciones de hacinamiento e incertidumbre, en el auditorio de la unidad deportiva de Colalambre.
A pesar de los esfuerzos del gobierno estatal por mediar y alcanzar un acuerdo que permita el regreso seguro de los desplazados, las condiciones pactadas no han sido respetadas por los líderes comunales.
Aunque se firmó un compromiso, la falta de cumplimiento de los acuerdos por parte de las autoridades locales y comunales, impide el retorno de las 28 familias afectadas.
El conflicto, que inicialmente surgió por motivos religiosos, ha tomado un giro personal, según el edil de Huejutla José Alfredo San Román.
“No es tema religioso, es personal entre dos grupos de hermanos que viven en Coamila y Rancho Nuevo”, mencionó un representante del gobierno municipal.
Las tensiones entre los involucrados han complicado los esfuerzos para resolver el problema y brindar una solución definitiva, se señaló.
Las familias desplazadas enfrentan una realidad crítica en el refugio temporal, por las condiciones de hacinamiento y falta de recursos adecuados.
Ello ha generado incertidumbre sobre su futuro, porque a pesar de que se estableció una fecha para su regreso, el incumplimiento por parte de algunos grupos ha retrasado la resolución del conflicto.
“Desde los primeros días de mi gobierno, atendimos este problema”, declaró el funcionario, apuntando que: “Se alcanzaron algunos acuerdos y hemos estado cumpliendo nuestra parte. Sin embargo, no hemos visto voluntad por parte de algunos grupos para resolverlos”.
