Los debates presidenciales organizados por el Instituto Nacional Electoral (INE) durante el proceso electoral de 2024 cumplieron su objetivo de informar a la ciudadanía para que pudiera emitir un voto libre e informado el pasado 2 de junio, destacando por su eficiencia en el gasto, según informó la consejera Carla Humphrey Jordan.
Presentando el Informe Final de la Comisión Temporal de Debates ante el Consejo General del INE, Carla Humphrey subrayó que los debates de este año tuvieron un costo real reducido en 34 millones de pesos respecto a los celebrados en 2018. Según sus palabras, “Estos tres debates representaron un gasto de 68 centavos por cada persona votante o 41 centavos por cada persona inscrita en la Lista Nominal de Electores”.
Humphrey enfatizó que por primera vez se realizó un debate presidencial en las instalaciones del INE, privilegiando la participación y opinión de las representaciones de las candidaturas. Además, se amplió la cobertura con cinco transmisiones simultáneas, incluyendo interpretación en Lengua de Señas Mexicana y lenguas indígenas como maya, náhuatl y tzotzil. También se extendieron los debates a personas en prisión preventiva en centros penitenciarios locales y federales.
Con un total de 41 millones 833 mil 704 espectadores mayores de dos años en los tres debates presidenciales, Humphrey concluyó que los ejercicios cumplieron su propósito principal de proporcionar a los votantes “una herramienta adicional para tomar una decisión libre e informada”.
Por su parte, el Consejero Jorge Montaño Ventura coincidió en la importancia de llevar los debates a los centros penitenciarios, garantizando así los derechos político-electorales de todas las personas. La transmisión en lenguas indígenas y en Lengua de Señas Mexicana fue celebrada como un avance significativo hacia la inclusión y el reconocimiento de la diversidad nacional.
Además de los debates, el Consejo General del INE resolvió 214 procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización dirigidos a partidos políticos nacionales, destacando la eficiencia y compromiso institucional para cumplir con los plazos establecidos por la normatividad electoral.
