En comparecencia ante el Congreso, Álvaro Martín Bardales Ramírez, secretario de Contraloría, presentó un informe exhaustivo sobre las acciones implementadas en la lucha contra la corrupción en el estado de Hidalgo.
Durante su intervención, destacó la presentación de 71 denuncias penales ante la Procuraduría, que incluyen 42 por desvío de recursos extraordinarios y 29 por delitos diversos, como peculado y negociaciones indebidas, con un impacto financiero de más de 2 mil 200 millones de pesos.
“En septiembre y octubre de 2024, se presentaron 16 denuncias relacionadas con la mala ejecución de obras públicas en 10 municipios, principalmente en proyectos carreteros e infraestructura hídrica, que han afectado al erario en aproximadamente 118 millones de pesos”, indicó Bardales.
Además, mencionó que se colabora con otros 10 municipios en la integración de sus investigaciones para presentar más denuncias, enfatizando que 20 municipios, equivalente al 24% de los ayuntamientos, enfrentan problemas con su entrega-recepción.
El secretario subrayó que, “el combate a la corrupción es real, y un estado de derecho no puede permitir la corrupción”.
Se emitieron 152 resoluciones sancionatorias y se investigan responsabilidades administrativas graves de servidores públicos y particulares vinculados con hechos de corrupción, lo que ha llevado a iniciar 29 procedimientos administrativos que han sido remitidos al Tribunal de Justicia Administrativa.
Hasta la fecha, hay 411 sanciones inscritas en el Registro de Servidores Sancionados.
Para el 2024, Bardales indicó que se prestó especial atención al cumplimiento de la declaración patrimonial.
A través de una campaña de difusión, se brindaron 7,376 asesorías, se instalaron 1,912 módulos de atención y se registró un 99.63% de cumplimiento en la presentación de 82,828 declaraciones de situación patrimonial y de intereses.
La lucha contra la corrupción no se limita a la sanción de exfuncionarios. Se revisaron 1,073 expedientes, lo que resultó en la baja de 455 proveedores y 480 contratistas.
Además, se cancelaron 88 registros por un periodo de cinco años para asegurar que solo empresas íntegras participen en las contrataciones públicas.
Como parte de las medidas de prevención, se revisaron más de 2,578 bases de procedimientos de contratación y se verificó la información de 26,347 registros de proveedores y contratistas, evitando la participación de empresas fantasmas.
Bardales también mencionó que se presentaron cinco informes de responsabilidades administrativas en contra de funcionarios de la administración actual, así como denuncias a tres servidores públicos por incumplimiento de deberes y usurpación de funciones.
De igual forma destacó la disculpa pública ofrecida por un exfuncionario en un periódico de circulación estatal, lo que envía un mensaje claro: “No se tolerarán actos deshonestos”.
Para abordar la impunidad en actos irregulares, se trabajó con proveedores y contratistas íntegros, promoviendo el “Distintivo de Empresa Integra” entre 498 empresas afiliadas a cámaras empresariales. Bardales enfatizó que se están implementando castigos reales para las constructoras que incumplan la ley.
Las acciones de fiscalización se incrementaron en un 60%, con 262 auditorías realizadas en coordinación con instancias federales.
Se solventaron 490 millones de pesos en respuesta a observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y se abrieron 37 auditorías en los 30 municipios más grandes del estado.
Con el objetivo de fortalecer la cultura de la denuncia, se implementó el programa de Buzones Digitales Integrales, permitiendo a la población reportar actos de corrupción, atención inadecuada, abuso de poder y deficiencias en obras públicas a través de dispositivos móviles
