El Congreso del Estado de Hidalgo emitió una nueva convocatoria para el servicio de internet en su edificio legislativo, con modificaciones en los requisitos establecidos para el servicio. Esta decisión responde a la necesidad de mejorar la conectividad y optimizar los recursos destinados al proyecto.
Andrés Velázquez Vázquez, presidente de la Junta de Gobierno, anunció que el presupuesto destinado a este servicio se reducirá de los 11 millones de pesos etiquetados en 2024 a un rango de 6 a 7 millones de pesos. Este ajuste busca hacer un uso más eficiente de los recursos públicos.
El año pasado, el Congreso realizó tres convocatorias para contratar el servicio de internet, pero ninguna se concretó debido a diversas circunstancias. La última licitación quedó desierta porque las propuestas de las empresas interesadas superaron el presupuesto autorizado. Ante estas dificultades, Velázquez Vázquez reiteró la importancia de contar con un servicio de internet funcional para las actividades legislativas, por lo que el proceso se retomó este año.
En las convocatorias previas, el Congreso solicitaba no solo la instalación de una red inalámbrica, sino también un servicio de red alámbrica, además de capacitación y certificación del personal encargado. Sin embargo, en esta ocasión, los requisitos se simplificaron.
La nueva convocatoria especifica la contratación de un servicio de internet que incluya 13 direcciones IP públicas, un enlace principal y un enlace de respaldo. Estos cambios buscan agilizar el proceso de contratación y responder a las necesidades básicas del edificio legislativo.
La optimización del presupuesto y la simplificación de las especificaciones representan un esfuerzo del Congreso por garantizar una infraestructura tecnológica adecuada sin exceder los recursos disponibles. Estas mejoras en el servicio de internet son cruciales para el correcto desempeño de las actividades legislativas en Hidalgo.
Con este nuevo llamado, las autoridades esperan concretar la contratación y solucionar los problemas de conectividad que afectan al edificio legislativo, sentando las bases para una gestión más eficiente y transparente en el uso de los recursos públicos.
