Durante la Sesión Ordinaria 43 del Congreso de Hidalgo, la discusión sobre la desaparición de órganos autónomos, bajo la propuesta de “simplificación orgánica”, generó un intenso debate entre legisladores de distintas fracciones parlamentarias. Mientras unos consideran que su desaparición representará un retroceso democrático, otros la ven como una oportunidad para consolidar un Estado más eficiente y menos burocrático
La reforma busca trasladar las funciones de entidades como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), a secretarías de la administración pública federal.
La diputada Claudia Luna, del Partido Acción Nacional, calificó esta propuesta como un “grave ataque a la transparencia y los contrapesos democráticos”.
Señaló que el INAI es fundamental para garantizar el acceso ciudadano a la información y la protección de datos personales. Recordó que, solo en 2023, se registraron más de 214,000 consultas sobre obligaciones de transparencia en Hidalgo, subrayando la necesidad de que el instituto opere sin influencias gubernamentales.
Luna advirtió que la centralización del poder podría abrir la puerta a abusos, como el control absoluto sobre precios y tarifas, lo que afectaría la economía de las familias mexicanas. Además, rechazó la propuesta de ampliar la prisión preventiva automática, argumentando que pone en riesgo el principio de presunción de inocencia.
“No podemos permitir un retroceso en derechos fundamentales que han costado años de lucha consolidar”, expresó.
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La postura del PRI: una defensa de la autonomía
El diputado priista Marco Antonio Mendoza, destacó que los órganos autónomos surgieron para evitar que el poder se concentrara en una sola instancia. “Regresar a un modelo centralista significa repetir errores del pasado, cuando el gobierno era juez y parte”, afirmó.
Mendoza enfatizó los logros del INAI, como la apertura de archivos históricos y la fiscalización de programas sociales, además de resaltar los avances del IFT en la universalización de la telefonía e internet durante administraciones anteriores.
Mendoza llamó a realizar una reforma integral que fortalezca las capacidades de los órganos autónomos, sin eliminarlos. “El costo de desaparecer estas instituciones será mucho mayor que su mantenimiento, no solo en términos económicos, sino también democráticos”, concluyó.
En contraste, la diputada Diana Rangel Zúñiga, de Morena, defendió la reforma como un paso hacia la eficiencia estatal y la justicia social. Señaló que los órganos autónomos, lejos de ser imparciales, han servido a intereses de élites económicas, con altos salarios y duplicidad de funciones.
Rangel argumentó que muchas de las tareas de estos organismos pueden ser asumidas por instancias gubernamentales existentes, optimizando recursos públicos. “La cuarta transformación busca destruir la corrupción y los privilegios que estos órganos han representado. Es momento de poner al gobierno al servicio del pueblo”, afirmó.
La legisladora también destacó los logros sociales del actual gobierno, como la salida de 9.5 millones de personas de la pobreza, según datos del Banco Mundial, y cuestionó el costo de mantener estructuras burocráticas que, a su juicio, han mostrado poca eficacia.
