Hidalgo enfrenta un desafiante comienzo de año en materia de seguridad, con un preocupante panorama reflejado en las estadísticas delictivas del mes de enero, según lo reportado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). La entidad ha sido escenario de una serie de crímenes que atentan contra la vida, la integridad corporal, y la paz de las familias hidalguenses.
Durante el primer mes de 2024, Hidalgo registró un total de 17 carpetas de investigación por homicidio doloso, marcando una media alarmante que se acerca a un asesinato cada dos días. De estos homicidios, 10 fueron perpetrados utilizando armas de fuego, mientras que los 7 restantes se llevaron a cabo con otros objetos no especificados en las denuncias. Este panorama oscurece aún más al considerar que, en enero, también se reportó un caso de feminicidio, continuando la tendencia preocupante del año anterior que contabilizó 20 mujeres asesinadas.
No obstante, el delito con mayor incidencia reportada fue la violencia familiar, con 522 casos tan solo en enero, lo que supone una media de 17 denuncias diarias por este delito. Esta cifra es un reflejo de la problemática que ha venido escalando en el estado, ya que durante todo el 2023 se reportaron 7,535 casos, posicionando a la violencia familiar como el delito más recurrente en Hidalgo.
La situación delictiva se extiende a otros ámbitos, con mil 170 robos reportados en el mismo mes, incluyendo 104 robos a casa habitación y 398 robos de vehículos, entre autos y motocicletas. Asimismo, las actividades fraudulentas y los daños a la propiedad no se quedan atrás, con 136 y 236 denuncias, respectivamente, evidenciando una diversidad de retos en materia de seguridad y justicia para las autoridades hidalguenses.
Estas cifras no solo reflejan los desafíos que enfrenta el estado en términos de seguridad pública, sino que también subrayan la urgencia de implementar estrategias efectivas para combatir y prevenir estos delitos. La violencia familiar, en particular, demanda una atención especial, ya que afecta directamente el tejido social y el bienestar de las comunidades.
Ante este panorama, las autoridades estatales y municipales están llamadas a reforzar sus esfuerzos en la prevención del delito, el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia, y la promoción de una cultura de paz y legalidad.
