Con 19 votos a favor, cero en contra y ninguna abstención, el Congreso del Estado de Hidalgo aprobó una reforma a la Ley de Asistencia Social enfocada en personas en situación de calle. El objetivo principal es garantizar que este sector de la población tenga acceso a servicios gubernamentales bajo un enfoque de derechos humanos.
Durante la sesión, el diputado Juan Pablo Escalante Urbán enfatizó que la iniciativa se basa en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que asegure su salud, bienestar, alimentación, vestido, asistencia médica y servicios sociales. Esta reforma representa un avance importante en la protección de derechos fundamentales para personas que viven en condiciones de vulnerabilidad extrema.
Reconocimiento como sujetos de asistencia social
La reforma contempla el reconocimiento formal de las personas en situación de calle como sujetos de asistencia social. Esto implica que el Estado tiene la obligación de generar condiciones que favorezcan su recuperación física, mental y social, así como su integración a una vida plena y productiva.
El legislador explicó que este reconocimiento permitirá diseñar e implementar políticas públicas con un enfoque integral y sensible, orientadas a mejorar las condiciones de vida de esta población. La reforma busca combatir la estigmatización y marginación, abriendo oportunidades reales para la inclusión social.
DIF coordinará acciones de atención integral
Uno de los puntos clave de la reforma es la incorporación del artículo 44 bis, que establece la participación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo (DIF) en coordinación con los sistemas municipales y otras autoridades competentes.
Este artículo autoriza la implementación de acciones de atención integral que incluyen diagnóstico médico, asistencia inmediata, alojamiento temporal, servicios de salud física y mental, orientación jurídica, alimentación, higiene, y estrategias de integración social. Todas estas medidas deberán aplicarse con pleno respeto a los derechos humanos.
La reforma aprobada representa un paso significativo en la construcción de políticas públicas incluyentes, con miras a atender de forma estructural y humanitaria una problemática creciente en las zonas urbanas del estado.
