En una revelación que ha sacudido los cimientos políticos de Hidalgo, al menos cinco exfuncionarios, abarcando desde alcaldes hasta secretarios de estado, han sido vinculados a proceso en lo que va del año, marcando un precedente en la lucha contra la corrupción en el estado. Los delitos imputados incluyen peculado, uso indebido de atribuciones y negociaciones indebidas, ilustrando un patrón de conducta ilegal que parece haber permeado diversos niveles de la administración pública estatal y municipal.
Entre los casos más destacados se encuentra el de Atilano “N”, exsecretario de Educación Pública de Hidalgo durante la última administración, quien enfrenta acusaciones de peculado. Atilano fue vinculado a proceso el 10 de enero, acusado de desviar 144 millones de pesos mediante la contratación ficticia de una empresa para solucionar un supuesto hackeo a la secretaría que dirigía. Aunque su comparecencia ante la justicia se realizó de manera virtual por alegatos de enfermedad, permitiendo que enfrentara el proceso en libertad, el caso ha suscitado un profundo debate sobre la efectividad de las medidas cautelares y el acceso a la justicia.
Pablo Elio “N”, exdirector del Sistema Integrado del Transporte Masivo de Hidalgo, también ha sido señalado por uso ilícito de atribuciones, con anomalías que ascienden a 17 millones de pesos. Al igual que Atilano, Pablo Elio enfrenta su proceso en libertad, lo que ha generado interrogantes sobre la consistencia en la aplicación de medidas cautelares en el sistema de justicia estatal.
El ámbito municipal no ha sido ajeno a este escenario de corrupción. Eleazar “N”, exalcalde de Pachuca por el PRI, fue detenido y vinculado a proceso por peculado, acusado de condonar pagos de impuestos a 12 empresas, lo que resultó en un perjuicio económico de al menos 37 millones de pesos para la administración pública. A diferencia de los casos anteriores, a Eleazar se le impuso prisión preventiva, destacando las variaciones en el tratamiento judicial según el caso y el perfil del acusado.
Lorenzo Agustín “N”, exalcalde de Atitalaquia y también miembro renunciante del PRI, enfrenta acusaciones bajo el esquema de la “Estafa Siniestra”, solicitando 28 millones de pesos para supuestos insumos médicos contra la COVID-19 sin justificar su aplicación. Al igual que algunos de sus coacusados, Lorenzo enfrenta el proceso en libertad.
Finalmente, Leonardo “N”, exdirector de Reglamentos y Espectáculos en la administración municipal de Pachuca, fue vinculado a proceso por otorgar licencias de funcionamiento apócrifas. Este caso añade otra capa a la compleja trama de corrupción, donde las negociaciones indebidas parecen haber sido una práctica común.
Estos procesos judiciales no solo destacan la necesidad de una revisión exhaustiva de las prácticas administrativas en Hidalgo sino que también ponen en relieve la urgencia de establecer mecanismos más eficaces de rendición de cuentas y transparencia.
