En un giro inesperado pero tristemente predecible, Armando Mera Olguín, alcalde con licencia de Progreso de Obregón y candidato a diputado del distrito local 7 por el Partido del Trabajo (PT), ha sido detenido bajo acusaciones de un presunto desvío de recursos públicos que supera los cinco millones de pesos en su cuenta pública de 2022. Esta noticia, que ha sacudido las bases políticas de la región, confirma lo que muchos han estado señalando durante mucho tiempo: la presencia de figuras cuestionables vinculadas al Partido del Trabajo, bajo la influencia del controvertido Grupo Universidad.
Las acusaciones en contra de Mera Olguín provienen de una exhaustiva auditoría realizada por la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH), que reveló una serie de irregularidades en la administración, custodia, manejo y aplicación de los recursos públicos del ayuntamiento de Progreso de Obregón. Estas irregularidades sumaron un total de cinco millones setecientos setenta mil ochocientos cuarenta pesos con setenta y seis centavos.
La auditoría, realizada entre el 21 de agosto y el 8 de septiembre de 2023, detectó la falta de documentación justificativa de diversas erogaciones en rubros como Gasto de Orden Social, Ayudas Sociales a Personas, Conservación y Mantenimiento Menor de Inmueble, Servicios Legales, y otros Arrendamientos y Erogaciones de Conceptos de Obra no Realizado, entre otros.
Tras la emisión de los resultados preliminares el 25 de septiembre de 2023 y la presentación de los resultados de fiscalización al Congreso del Estado el 30 de octubre del mismo año, se notificaron las irregularidades al alcalde Armando Mera y a sus funcionarios. A pesar de contar con un plazo de veinte días hábiles para aportar elementos para su solventación, el municipio no pudo subsanar la totalidad de los resultados.
El 14 de marzo de 2024, tras un pronunciamiento negativo, se dio parte de las irregularidades a la Procuraduría General de Justicia del Estado. Como resultado, el pasado 18 de marzo se solicitó una orden de aprehensión contra el alcalde, la cual fue cumplimentada en la madrugada del 23 de abril, llevándolo a la apertura de una carpeta de investigación correspondiente.
Es importante destacar que Mera Olguín tuvo la oportunidad de aportar pruebas para subsanar las irregularidades detectadas, pero no lo hizo, lo que indica la gravedad y evidencia de los quebrantos cometidos durante su gestión.
Esta no es la primera vez que el gobierno municipal de Progreso de Obregón y su alcalde se ven envueltos en controversias. En junio de 2021, el municipio fue sacudido por el fallecimiento de Beatriz Hernández Ruiz en circunstancias sospechosas, quien murió en los separos de la policía municipal bajo custodia de elementos de esa corporación. Este hecho desencadenó una ola de indignación pública debido a las evidencias de brutalidad policiaca y abuso de autoridad.
A pesar de los intentos de encubrimiento por parte del alcalde y su jefe de policía, quienes afirmaron falsamente que la joven se había suicidado, la investigación reveló que murió por asfixia mecánica, lo que indica un posible feminicidio. La falta de acción para hacer justicia a la víctima y sus familiares, en parte atribuida al diputado local del PT, Osiris Leines Medécigo, ha sido criticada ampliamente por la sociedad.
Con la detención de Armando Mera Olguín, la justicia comienza a llegar para los ciudadanos de Progreso de Obregón y para todos aquellos que han sido afectados por su gestión corrupta y represiva. Este caso refuerza el compromiso del gobierno de Hidalgo en su lucha contra la corrupción y la impunidad, y señala un paso adelante en la construcción de una sociedad más justa y transparente.
Con información de: Expediente Ultra
