El sector transporte en México enfrenta una crisis derivada de negligencia y corrupción en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), lo que ha generado una profunda afectación en la emisión de placas y licencias federales, esenciales para la operación de transportistas terrestres, ferroviarios, marítimos y aéreos.
Uno de los problemas más críticos es la falta de un programa de reemplacamiento federal, pues el último realizado fue en el gobierno de Felipe Calderón, lo que ha dejado a miles de unidades de transporte de carga y pasajeros operando sin control ni supervisión adecuada.
Esta situación evidencia la falta de acción por parte de la SICT para mantener un registro actualizado y fiable de los vehículos que circulan en todo el país.
Además, se ha identificado un severo rezago en la expedición de licencias federales para operadores de autotransporte, afectando a cerca de dos millones de transportistas que actualmente operan sin licencia, en condiciones de clandestinidad.
Este rezago se atribuye a la gestión de Guillermo García Pinto, director general de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte, y Jonathan Sebastián Ramírez Ordóñez, director de Autorización y Evaluación a Terceros, quienes han reducido la figura de los Médicos Terceros Autorizados, responsables de realizar los exámenes médicos necesarios para obtener la licencia.
Se ha reportado que personal de la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte, realiza exámenes psicofísicos de manera irregular, emitiendo licencias para transportistas que no cumplen con los requisitos, en un esquema que involucra la manipulación de sistemas y cobros indebidos.
Asimismo, se ha señalado que el director general, Guillermo García Pinto, ha sostenido reuniones con el dueño de los laboratorios “Salud Digna”, en las que se habría acordado eliminar la figura de los Médicos Terceros Autorizados para que dicho laboratorio asuma el control de los exámenes médicos, lo que representa un posible acto de corrupción.
Diversas cámaras y agrupaciones de transportistas han manifestado su inconformidad ante estas irregularidades, de lo cual obran copias en esta redacción, pero hasta ahora, la SICT no ha emitido una respuesta oficial.
La inacción y los errores de la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte están generando un impacto negativo en la economía del sector transportista y sus clientes, así como en la propia Secretaría.
