El Congreso de Hidalgo dio aviso de su intervención para atender el conflicto de tierras en Hidalgo que de 247 hectáreas en los límites entre Mineral de la Reforma y Mineral del Monte. La medida surge tras la solicitud de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), que pidió la mediación del Poder Legislativo, así como de autoridades estatales y federales, para garantizar una solución legal y definitiva.
Solicitud de la UNTA y canalización legislativa
El pasado martes, representantes de la UNTA acudieron al Congreso local para entregar un oficio dirigido a la LXVI Legislatura, solicitando la intervención de los legisladores. El documento enfatiza la urgencia de que las autoridades estatales y federales resuelvan la disputa por los predios.
El diputado Jorge Arguelles Salazar recibió la solicitud y afirmó que será canalizada a las comisiones correspondientes para su análisis conforme al marco normativo vigente. Este procedimiento incluirá la revisión legal de la ocupación de los terrenos y del historial de uso de las tierras en conflicto.
Compromiso legislativo y antecedentes del conflicto
El presidente de la Junta de Gobierno, Andrés Velázquez Vázquez, también recibió la solicitud de los manifestantes y destacó que la voluntad política es fundamental para resolver disputas territoriales. “Recibimos esta petición y el compromiso es darle seguimiento y resolverlo de una vez por todas, para que no genere incertidumbre ni enfrentamientos futuros”, aseguró.
Velázquez Vázquez mencionó que conoce el caso desde su etapa como Procurador Agrario en Hidalgo, cuando tuvo conocimiento de predios de bienes nacionales invadidos y afectados por deforestación. Además, señaló que solicitará reuniones con la Secretaría de Gobierno, la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo y la Sedatu para conocer avances y coordinar acciones.
Próximos pasos y seguimiento del conflicto de tierras
El Congreso local indicó que la resolución del conflicto de tierras en Hidalgo es prioritaria para evitar problemas sociales y económicos en la región. La intervención legislativa busca garantizar certeza jurídica, protección ambiental y mediación entre las partes involucradas.
Se prevé que en los próximos días se realicen reuniones con autoridades estatales y federales para avanzar hacia un acuerdo que ponga fin a la disputa por las 247 hectáreas, beneficiando tanto a las comunidades afectadas como a la administración pública local.
