El Congreso del Estado de Hidalgo dio un paso importante en la lucha contra la violencia económica al presentar una iniciativa de ley que busca crear un registro público de deudores alimentarios morosos, como ya ocurre en entidades como Ciudad de México, Puebla, Oaxaca y Coahuila.
La propuesta, que reforma el artículo 141 de la Ley para la Familia de Hidalgo, fue expuesta en sesión pública por diputadas de Morena y Movimiento Ciudadano, quienes destacaron que esta medida responde a las voces de miles de mujeres que han denunciado el incumplimiento del pago de pensiones alimenticias para sus hijas e hijos.
¿Qué propone la iniciativa del registro de deudores alimentarios en Hidalgo?
La diputada Tania Meza, del partido Morena, explicó que la iniciativa contempla modificar el umbral legal para considerar a una persona como deudora alimentaria, estableciendo que bastarán 60 días de incumplimiento, sean consecutivos o acumulados en un mismo año, para que el nombre del deudor sea inscrito en el registro público.
Este ajuste busca cerrar los vacíos legales que permiten a los deudores evadir su responsabilidad durante largos periodos sin consecuencias legales o sociales.
Una herramienta para combatir la violencia económica en Hidalgo
El objetivo principal del registro de deudores alimentarios de Hidalgo es visibilizar y sancionar socialmente a quienes incumplen con la manutención de sus hijas e hijos, y que generan una carga económica injusta sobre las madres, muchas de las cuales además enfrentan procesos judiciales complejos y revictimizantes.
La legisladora Karla Perales Arrieta, de Movimiento Ciudadano, subrayó que esta reforma no vulnera los derechos humanos, como han argumentado algunas voces en contra. Al contrario, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha reconocido que dichos registros fortalecen el derecho de niñas, niños y adolescentes a una vida digna y a recibir una pensión oportuna.
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Inspirada en la Ley Sabina: Hacia una legislación más justa
Esta iniciativa en Hidalgo forma parte de una tendencia nacional promovida por la Ley Sabina, un movimiento que ha impulsado más de 50 reformas legales en todo el país para garantizar que las infancias accedan efectivamente a la pensión alimenticia.
Las diputadas destacaron también el trabajo de la organización Ley Sabina Hidalgo, que ha jugado un papel fundamental en la visibilización de la violencia vicaria, el acompañamiento jurídico de madres afectadas y la incidencia legislativa para promover cambios estructurales.
El registro público de deudores alimentarios no solo tiene implicaciones legales, sino también simbólicas y sociales. Representa un acto de reparación para las mujeres que han sido doblemente castigadas: por el abandono de la responsabilidad paterna y por un sistema judicial que no siempre garantiza la justicia con perspectiva de género.
