En el Congreso del Estado de Hidalgo se presentó una iniciativa legislativa que busca que las agresiones que resulten en lesiones u homicidio sean consideradas como delitos calificados, es decir, agravados, cuando sean cometidas contra servidores públicos pertenecientes a instituciones policiales.
La propuesta plantea adicionar la fracción VI al artículo 147 del Código Penal del Estado de Hidalgo, en materia de ilícitos cometidos contra autoridades, particularmente aquellos que mantienen contacto directo con la ciudadanía, como elementos de seguridad pública, protección civil y personal de procuración de justicia.
Protección reforzada a servidores públicos
De acuerdo con el planteamiento, es necesario sancionar con mayor rigor este tipo de delitos y garantizar la seguridad e integridad de quienes desempeñan actividades de alto riesgo. La iniciativa subraya que estos servidores públicos realizan labores que implican atención directa a la población, lo que los expone a situaciones peligrosas y vulnerables frente a posibles agresores.
La propuesta fue presentada por los diputados:
- Mónica Reyes Martínez
- Juana Olivia Alarcón Rivera
- Yarabi González Martínez
- Aldo Meza Hernández
- José Luis Rodríguez Higareda
- Julián Nochebuena Hernández
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Armonización con la legislación federal
En los argumentos expuestos, los legisladores señalaron que el Código Penal Federal ya contempla una protección reforzada hacia los servidores públicos encargados de la seguridad, mediante sanciones agravadas para quienes atenten contra su integridad. Sin embargo, enfatizaron que en Hidalgo aún no se ha armonizado la normativa local con este principio, lo que deja un vacío legal que podría dificultar la aplicación de sanciones proporcionales a la gravedad del delito.
“Es indispensable reconocer la labor de quienes arriesgan su vida y velan por la seguridad de los ciudadanos, asegurando que las agresiones en su contra sean sancionadas con mayor severidad”, indicaron los diputados proponentes.
Turno a comisión legislativa
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, presidida por la diputada Lizbeth Ordaz Islas, para su análisis y posterior dictamen. En esta etapa se evaluará la viabilidad de la modificación al Código Penal local y los ajustes necesarios para armonizar la legislación estatal con el marco federal.
De ser aprobada, la reforma representaría un paso significativo en la protección legal de los servidores públicos de Hidalgo, reforzando las medidas de seguridad y garantizando sanciones más severas contra quienes agredan a quienes desempeñan funciones esenciales para la sociedad.
Con esta propuesta, el Congreso local busca ofrecer un marco jurídico más sólido que respalde a los servidores públicos y contribuya a la prevención de delitos graves en contra de quienes mantienen contacto directo con la ciudadanía.
