La paciencia social llegó a su límite este fin de semana. El tramo Pachuca-Actopan no fue cerrado por una causa justa, sino por una mentira envuelta en drama familiar. Mientras los cuerpos de seguridad e investigación gastaban recursos públicos —pagados con nuestros impuestos— en rastrear a una adolescente que simplemente huyó de sus padres, la carretera se convertía en un estacionamiento gigante.
La ineficiencia del gobierno no está en su capacidad de búsqueda, sino en su falta de carácter para aplicar el código penal a quienes obstruyen las vías generales de comunicación. Es un delito. La Procuraduría General de Justicia del Estado tiene la obligación moral y legal de proceder contra quienes orquestaron este cierre. No podemos seguir normalizando que el conflicto de un hogar sea el castigo de una región entera. La búsqueda de I.Z.H.H. fue un éxito operativo, pero el bloqueo fue un tener otro tipo de intervención de la autoridad para proteger a los ciudadanos afectados.
