El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU concluyó que la prisión del expresidente peruano Pedro Castillo viola el derecho internacional y exigió su liberación inmediata, según informó el organismo este 9 de julio de 2026.
El exmandatario cumple actualmente una condena de más de 11 años en un penal de máxima seguridad en Lima tras su fallido intento de disolver el Congreso en diciembre de 2022, acción que fue calificada como golpe de Estado por las autoridades peruanas.
Argumentos del organismo internacional
El panel de expertos de Naciones Unidas determinó que el proceso judicial contra Castillo Terrones presentó irregularidades que vulneran garantías fundamentales del debido proceso establecidas en tratados internacionales.
De acuerdo con el Grupo de Trabajo, la detención preventiva prolongada y las condiciones del juicio no cumplieron con los estándares mínimos de imparcialidad que exige el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual Perú es Estado parte.
El organismo señaló que existieron presuntas violaciones al derecho de defensa del expresidente, así como limitaciones para acceder a sus abogados durante etapas cruciales del proceso penal.
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Cronología del caso Castillo
El 7 de diciembre de 2022, Pedro Castillo anunció en cadena nacional la disolución del Congreso peruano, la instauración de un gobierno de emergencia y un toque de queda. Horas después fue destituido por el Parlamento y detenido cuando intentaba asilarse en la embajada de México.
Los hechos que llevaron a su encarcelamiento pueden resumirse en la siguiente cronología:
- 7 de diciembre de 2022: Castillo anuncia cierre del Congreso
- Mismo día: El Parlamento lo destituye con 101 votos a favor
- Horas después: Es detenido por la Policía Nacional del Perú
- Diciembre de 2022: Dina Boluarte asume la presidencia
- 2024: Inicia el juicio por rebelión y conspiración
- 2025: Es sentenciado a más de 11 años de prisión
Desde su detención, Castillo ha sostenido que fue víctima de una persecución política orquestada por sus opositores en el Congreso, quienes intentaron destituirlo en dos ocasiones previas mediante mociones de vacancia.
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Tensiones diplomáticas entre Perú y México
El caso de Pedro Castillo ha generado fricciones diplomáticas significativas entre Perú y México. El gobierno mexicano otorgó asilo a varios exfuncionarios del gabinete de Castillo, incluyendo a la exprimera ministra Betssy Chávez, quien también enfrenta cargos por el intento de golpe.
Esta situación provocó que el Congreso peruano declarara persona non grata a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, lo que deterioró aún más las relaciones bilaterales entre ambas naciones latinoamericanas.
Recientemente, la presidenta de Perú, Dina Boluarte Zegarra, expresó su intención de retomar el diálogo diplomático con México, aunque sin ceder en los procesos judiciales contra los involucrados en los hechos del 7 de diciembre.
Postura del gobierno peruano
Las autoridades peruanas han rechazado consistentemente las críticas internacionales sobre el proceso contra Castillo. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú ha sostenido que el expresidente recibió un juicio justo con todas las garantías constitucionales.
El Poder Judicial peruano argumenta que las pruebas presentadas durante el proceso demostraron la responsabilidad de Castillo en el intento de quebrantar el orden constitucional, lo que justifica plenamente la sentencia impuesta.
Hasta el momento, el gobierno de Boluarte no ha emitido una respuesta oficial sobre el pronunciamiento del Grupo de Trabajo de la ONU, aunque se espera que mantenga su posición de respetar las decisiones del sistema judicial interno.
Implicaciones del fallo de la ONU
Aunque los dictámenes del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria no son jurídicamente vinculantes, representan una presión moral significativa para los Estados miembros de Naciones Unidas.
El pronunciamiento podría fortalecer la defensa legal de Castillo ante instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde sus abogados han presentado recursos alegando violaciones al debido proceso.
La defensa del expresidente ha señalado que este fallo respalda su tesis de persecución política y abre la puerta para que organismos internacionales continúen supervisando las condiciones de su detención en el penal de Barbadillo.
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