Gerardo Sosa Castelán, exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), continuará enfrentando un proceso penal por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, luego de que un tribunal federal negó el amparo promovido por su defensa.
El Tercer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Segundo Circuito resolvió por unanimidad el amparo en revisión 17/2026, durante la sesión del pasado 1 de octubre. Con esta determinación quedó firme la resolución que dejó sin efectos el sobreseimiento parcial dictado anteriormente a favor del exrector y permitió que la causa penal continúe ante un Tribunal de Enjuiciamiento.
La resolución, sin embargo, no representa una sentencia condenatoria contra Gerardo Sosa Castelán. El proceso continuará para que las acusaciones que formule la Fiscalía General de la República (FGR) las analicen dentro de la etapa correspondiente.
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¿Por qué Gerardo Sosa Castelán seguirá en juicio?
El origen de la nueva resolución está en una disputa sobre las facultades del juez de control que había decretado el sobreseimiento parcial del proceso.
La magistrada Amalia Fernández Barquín, encargada de la ponencia, sostuvo que el juez de control Gregorio Salazar Hernández no tenía competencia para resolver el sobreseimiento debido a que el expediente ya se encontraba en etapa de juicio. El planteamiento lo respaldaron integrantes del tribunal de manera unánime.
De esta manera, la justicia federal negó nuevamente la protección solicitada por Sosa Castelán y permitió que el proceso relacionado con la causa penal 263/2020 continúe.
El fallo no determina la responsabilidad penal del exrector; únicamente resuelve la controversia relacionada con la continuidad del procedimiento.
¿Qué pasó con el sobreseimiento de Gerardo Sosa en 2024?
El antecedente se remonta al 25 de septiembre de 2024, cuando el juez de control Gregorio Salazar Hernández decretó el sobreseimiento parcial de los delitos que enfrentaba Sosa Castelán.
Esa resolución representó un giro en el proceso, pero posteriormente la impugnaron. El 27 de marzo de 2025, un tribunal de apelación revocó el sobreseimiento al considerar que el juez actuó fuera de sus facultades ya que el asunto ya estaba en etapa de juicio.
La resolución también determinó que el procedimiento debía continuar ante un Tribunal de Enjuiciamiento y restableció las medidas cautelares correspondientes.
La defensa de Sosa Castelán llevó entonces la controversia a los tribunales federales mediante un juicio de amparo. Después de distintas instancias, el asunto llegó al amparo en revisión 17/2026, que resolvieron el 1 de octubre.
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¿De qué acusa la FGR a Gerardo Sosa Castelán?
La causa penal 263/2020 se relaciona con una investigación de la FGR sobre movimientos financieros realizados entre 2011 y 2018.
De acuerdo con la acusación ministerial, el monto asciende a 58 millones 245 mil 948 pesos, recursos que pudieron movilizar mediante la empresa Contabilidad del Siglo XXI Pachuca S.C.
La Fiscalía sostiene que dicha empresa utilizó dentro de un esquema de triangulación de recursos y que parte del dinero terminó vinculado con personas del entorno de Sosa Castelán.
Estas afirmaciones corresponden a la acusación de la FGR y deberán acreditarse durante el proceso. La existencia de una imputación o acusación no equivale por sí misma a una sentencia condenatoria.
El caso de los 58 millones de pesos
Los 58 millones 245 mil 948 pesos son una de las cifras centrales del expediente contra Gerardo Sosa Castelán.
La investigación señala movimientos realizados durante varios años y menciona a Contabilidad del Siglo XXI Pachuca como una de las empresas involucradas en las operaciones que la Fiscalía considera parte del esquema investigado.
Desde el inicio del proceso, la defensa de Sosa Castelán ha cuestionado las imputaciones formuladas por el Ministerio Público federal.
El expediente incluye a otras personas como coacusadas y se ha mantenido abierto desde 2020, cuando el exrector fue vinculado a proceso.
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¿Qué delitos enfrenta Gerardo Sosa Castelán?
El proceso que continúa vigente contempla acusaciones por:
- Delincuencia organizada.
- Operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En una etapa previa también se incluyó el delito de defraudación fiscal, aunque este asunto debe distinguirse del proceso que actualmente continúa por los dos primeros delitos.
De hecho, el 30 de septiembre de 2026 un tribunal confirmó la no vinculación a proceso por presunta defraudación fiscal, por lo que ese expediente deberá archivarse. Se trata de un procedimiento diferente al juicio que permanece vigente por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
¿Qué sigue ahora para Gerardo Sosa Castelán?
Después de la resolución del Tribunal Colegiado, el proceso penal relacionado con la causa 263/2020 continuará ante el órgano jurisdiccional encargado del juicio.
Esto significa que la resolución del 1 de octubre no determina si Sosa Castelán es culpable o inocente. Su efecto principal es impedir que el sobreseimiento parcial que se decretó en 2024 se mantenga y permitir que el procedimiento avance a la etapa correspondiente.
El siguiente paso será que el Tribunal de Enjuiciamiento continúe con el procedimiento y analice los elementos presentados por la Fiscalía y la defensa.
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Ana Carmen Sosa, hija de Gerardo Sosa, también está relacionada con el caso
La resolución contra Gerardo Sosa Castelán ocurre pocos días después de que se conociera la detención en Mendoza, Argentina, de Ana Carmen Sosa Cravioto, una de sus hijas.
La mexicana fue detenida cuando pretendía viajar hacia Chile y fue localizada después de que se activara una Ficha Roja de Interpol. Actualmente permanece bajo prisión domiciliaria en Argentina mientras avanza el procedimiento correspondiente.
La FGR prepara una solicitud formal de extradición para que Sosa Cravioto sea puesta a disposición de las autoridades mexicanas y enfrente el proceso relacionado con la causa penal 263/2020.
¿De qué se acusa a Ana Carmen Sosa Cravioto?
De acuerdo con información atribuida a la FGR, Ana Carmen Sosa Cravioto es señalada por su presunta participación en el esquema financiero investigado dentro de la causa penal.
La Fiscalía la identifica como presunta beneficiaria de aproximadamente 16.6 millones de pesos mediante la empresa Contabilidad del Siglo XXI Pachuca.
No obstante, al igual que en el caso de su padre, estas son acusaciones que deberán ser acreditadas dentro del procedimiento judicial y no constituyen una sentencia condenatoria.
