Agentes federales capturaron este miércoles en Hidalgo a Juan Miguel PM, alias “El Pajarraco”, señalado como participante en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014. El operativo culminó en Almoloya, a 360 km de Iguala, donde ocurrieron los hechos que cumplan 11 años en septiembre.
La fuga interrumpida
El detenido, de 37 años, pertenecería a la organización criminal Guerreros Unidos. Tras evadir la justicia durante años, intentaba pasar desapercibido en esta zona rural hidalguense, donde estableció su rutina diaria. Sin embargo, inteligencia militar y fiscal lo rastrearon hasta su refugio.
No era su primer arresto: en 2018, autoridades lo aprehendieron en Coahuila, pero un juez lo liberó por insuficiencia probatoria, pese a sus declaraciones ante la CNDH donde admitió vínculos con el crimen.
Operativo sin resistencia
La captura se concretó en la calle Ernesto Viveros Oriente, con apoyo de Ejército, Marina y Guardia Nacional. A diferencia de otros procedimientos, no hubo enfrentamientos ni intentos de fuga. Agentes le notificaron su orden de aprehensión por delincuencia organizada y desaparición forzada.
La FGR destacó que esta detención refuerza su estrategia contra la impunidad. “El Pajarraco” quedó a disposición del MPF, mientras análisis forenses confirmarían su rol en la noche del 26 de septiembre de 2014.
El largo expediente Ayotzinapa
Con este caso, suman 152 detenidos vinculados a la tragedia, según el último informe de la Covaj (2024):
-
134 civiles
-
16 militares
-
1 marino
Permanecen activas 60 órdenes de captura y 3 extradiciones pendientes.
Contexto:
La próxima conmemoración del caso reviviría protestas. Organizaciones exigen esclarecer el paradero de las víctimas, mientras esta detención reactiva debates sobre fallas procesales que permitieron su primera liberación.
Datos importantes
-
Edad actual del detenido:\xa0;37 años
-
Distancia entre captura y escena del crimen:\xa0;360 km
-
Tiempo transcurrido:\xa0;10 años, 8 meses
-
Próxima movilización:\xa0;26 de septiembre (11° aniversario)
La fiscalía insiste en que nuevas pruebas garantizarán su procesamiento definitivo, aunque familias de normalistas mantienen escepticismo tras una década de impasses jurídicos.
