La Secretaría de Contraloría, dirigida por Álvaro Bardales, ha anunciado el inicio de la segunda fase para depurar el Padrón de Proveedores, como parte de su continua labor para eliminar empresas ficticias y reforzar la transparencia en las contrataciones gubernamentales.
Actualmente, de los 6,941 registros iniciales, se informa que 301 proveedores han sido dados de baja, 268 están suspendidos por cinco años, y 3 tienen una suspensión de dos años, dejando un total de 6,373 registros activos.
Durante este año, se han realizado 286 visitas físicas a los domicilios fiscales de los proveedores registrados, con el fin de verificar la existencia real de los establecimientos, la veracidad de las especialidades autorizadas y su accesibilidad al público.
De las últimas 115 verificaciones realizadas como muestra representativa, se encontraron resultados significativos: 3 domicilios fiscales no fueron localizados, 9 diligencias fueron atendidas por personas distintas al titular o representante legal, 39 proveedores no estaban presentes en sus domicilios fiscales declarados, uno no pudo acreditar sus especialidades autorizadas, dos acreditaron parcialmente y 61 cumplieron plenamente con todos los requisitos verificados.
Estos resultados indican que aproximadamente el 47% de los proveedores revisados presentan alguna irregularidad, principalmente relacionada con la ubicación de los domicilios fiscales declarados o la acreditación de las especialidades autorizadas.
El titular de la Secretaría de Contraloría enfatizó la importancia de intensificar las medidas para erradicar cualquier indicio de corrupción en el Padrón de Proveedores. Además, declaró: “Nuestro objetivo es mantener un padrón integral que garantice que todas las empresas contratadas cumplen con los requisitos legales y operativos necesarios”.
Se continuará con las acciones de depuración conforme se implementen medidas más rigurosas y se refuercen los controles, con el propósito de asegurar que solo los proveedores que cumplen con los más altos estándares éticos y legales permanezcan en el padrón estatal.
