La iniciativa de Igualdad Sustantiva Perpetua, presentada en el Congreso de Hidalgo por la diputada Diana Rangel Zúñiga, plantea una reforma de fondo para que el principio de paridad de género deje de ser únicamente un mandato legal y se convierta en una realidad efectiva, especialmente en los cargos de elección popular donde históricamente las mujeres han enfrentado exclusión.
La propuesta parte de un diagnóstico claro: aunque México cuenta con un marco jurídico robusto en materia de igualdad de género, los avances normativos no han sido suficientes para garantizar el acceso real de las mujeres a los espacios de mayor poder político.
Paridad de género en México: avances legales sin resultados plenos
La iniciativa reconoce que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho de las mujeres a ser votadas en igualdad de condiciones para todos los cargos públicos, además de obligar a las autoridades a garantizar este derecho bajo los principios de igualdad y no discriminación.
Sin embargo, la diputada Diana Rangel subraya que estos avances no se han traducido en resultados tangibles, ya que persisten barreras estructurales, políticas y culturales que limitan la llegada de mujeres a cargos unipersonales de alto nivel, como las gubernaturas.
Hidalgo y la deuda histórica con las mujeres
Uno de los argumentos centrales de la iniciativa es el rezago histórico de Hidalgo en materia de representación femenina. A pesar de contar con más de cien años de vida constitucional, ninguna mujer ha ocupado la Gubernatura del estado.
Esta realidad evidencia que las reglas actuales, aun cuando aparentan neutralidad, no han sido suficientes para corregir la desigualdad estructural que enfrentan las mujeres en la competencia política.
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Decreto 480 y la exclusión política indirecta
La propuesta advierte que mantener disposiciones como las contenidas en el Decreto número 480 puede reproducir nuevas formas de exclusión de género.
Dicho decreto establece que el periodo gubernamental de 2028 será de solo dos años, lo que implicaría que la primera mujer en gobernar Hidalgo lo haga bajo condiciones de desventaja política y simbólica, en comparación con un eventual gobierno masculino posterior con un mandato completo de seis años.
Reforma al Decreto 480: un mandato justo y sin desventajas
Para evitar esta situación, la iniciativa propone reformar el artículo cuarto transitorio del Decreto 480, publicado el 7 de marzo de 2023, a fin de garantizar que la persona electa en 2028 ejerza un mandato de cinco años.
El objetivo es evitar una reducción material y simbólica del liderazgo femenino, asegurando condiciones equitativas para quien encabece el Poder Ejecutivo estatal.
Paridad obligatoria en la postulación a la Gubernatura de Hidalgo
Otro eje central de la iniciativa es la modificación del artículo 62 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo. La propuesta establece que:
- Si la titularidad del Poder Ejecutivo ha sido ocupada por un hombre, en la elección inmediata siguiente los partidos políticos deberán postular exclusivamente a mujeres.
- Si la titularidad ha sido ocupada por una mujer, los partidos podrán postular mujeres u hombres, conforme a su organización interna.
Esta medida busca materializar la paridad de género en los cargos unipersonales, donde la desigualdad es más persistente.
La iniciativa sostiene que no adoptar acciones afirmativas como las propuestas no es una postura neutral, sino una forma de discriminación política indirecta, contraria a los principios constitucionales y a los compromisos internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres.
