Durante una sesión ordinaria del Congreso de Hidalgo se aprobó con 25 votos a favor, tres en contra y cero abstenciones la minuta de reforma a los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como parte del denominado “Plan B” en materia electoral.
La iniciativa plantea modificaciones relevantes en la organización de los gobiernos municipales y en el funcionamiento de los congresos locales, con el objetivo de fortalecer la transparencia, evitar conflictos de interés y establecer límites al gasto público legislativo.
El Congreso de Hidalgo aprueba el Plan B de la reforma electoral
Al presentar el dictamen, la diputada Diana Rangel Zúñiga, integrante de Morena, explicó que la reforma reafirma que cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa. Este deberá estar integrado por una presidencia municipal, una sindicatura y hasta 15 regidurías, dependiendo de las características de cada demarcación.
Uno de los puntos más destacados de la reforma es la incorporación de nuevas restricciones para quienes aspiren a cargos municipales. De acuerdo con el proyecto, no podrán participar en elecciones para presidencias municipales, sindicaturas o regidurías aquellas personas que, en los tres años previos a la elección, hayan tenido vínculos de matrimonio, concubinato, unión de hecho o parentesco por consanguinidad o civil en línea recta con funcionarios en funciones. Esta medida busca prevenir prácticas de nepotismo y garantizar procesos electorales más equitativos.
En materia de finanzas públicas, la reforma también establece que las constituciones estatales deberán fijar un límite al presupuesto anual de las legislaturas locales, el cual no podrá exceder el 0.70 por ciento del Presupuesto de Egresos de cada entidad. Con ello, se pretende promover un uso más eficiente de los recursos públicos y reducir el gasto legislativo.
El aval de esta minuta se suma al debate nacional en torno al “Plan B” electoral, un paquete de reformas impulsado para modificar distintos aspectos del sistema político-electoral del país. Mientras sus impulsores argumentan que busca fortalecer la austeridad y la democracia, sus críticos han señalado posibles riesgos en la implementación de algunos cambios.
Tras su aprobación en el Congreso local, la minuta forma parte del proceso legislativo que requiere el respaldo de otras entidades para avanzar en su eventual consolidación como reforma constitucional a nivel federal.
