La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) ha dado a conocer la existencia de denuncias por enriquecimiento ilícito en contra de funcionarios estatales pertenecientes a la administración anterior. Hasta el momento, cuatro directores generales ya están vinculados a proceso por este delito, mientras que cinco órdenes de aprehensión adicionales aún no se ejecutan. Entre los buscados se encuentran dos ex funcionarios municipales y varios ex secretarios estatales.
El titular de la PGJEH, Santiago Nieto Castillo, reveló que estas investigaciones no implican al ex gobernador Omar Fayad Meneses, ya que las indagatorias sobre el aumento de su patrimonio durante su mandato están a cargo de la Secretaría de la Contraloría.
“Contra el ex gobernador no tenemos denuncia, no se nos ha presentado”, reiteró el funcionario, quien también señaló que existe una estrecha colaboración con la Contraloría en estos asuntos específicos.
Durante una entrevista al término de la presentación de una iniciativa de ley para combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita, Nieto Castillo informó que se han emitido órdenes de aprehensión contra accionistas de empresas ficticias que estuvieron involucradas en la triangulación de recursos públicos en el caso conocido como la “Estafa Siniestra”. Sin embargo, advirtió que aún se investiga la posible participación de prestanombres relacionados con funcionarios públicos, similar a lo sucedido en la denominada “Operación Safiro” en Chihuahua.
Algunos propietarios de dichas empresas, como Producciones Autica, han buscado protección ante la justicia federal.
En otro orden de ideas, se presentó una iniciativa de ley dirigida a combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita, contemplando el decomiso de recursos provenientes de actividades ilícitas como narcomenudeo, trata de personas, robo de combustible y otros delitos del fuero común. Esta reforma al Código Penal del Estado de Hidalgo también establece agravantes para los casos en que se involucren a personas menores de 18 años o cuando el delito sea cometido por un servidor público.
Las autoridades destacaron que, en los recientes casos de trata de personas, se está investigando el destino del dinero incautado, dado que la red delictiva tenía bajo su control a 28 mujeres colombianas, incluyendo a una adolescente.
Si el Congreso local, aprueba la ley presentada por la diputada Lisset Marcelino establecerá que los recursos decomisados irán al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.
