En el marco de su estrategia integral de seguridad, el Gobierno de Hidalgo reportó resultados contundentes en el combate al robo de combustible, mejor conocido como huachicoleo, una de las problemáticas que históricamente ha afectado a la entidad. De acuerdo con cifras oficiales, en los últimos tres años, se han ejecutado más de 2,300 operativos coordinados, que han derivado en el aseguramiento de 5 millones 444 mil 535 litros de hidrocarburos robados, así como de 783 vehículos, 768 pipas, 78 tomas clandestinas y la detención de 290 presuntos responsables.
Este avance representa un avance importante en la lucha contra los delitos federales en el estado, ya que no solo contribuye a frenar las pérdidas económicas provocadas por el robo de combustible, sino que también reduce significativamente los riesgos para la población, fortalece el estado de derecho y genera un entorno de mayor tranquilidad en comunidades históricamente afectadas.
Hidalgo, ejemplo nacional en combate al huachicoleo
La estrategia forma parte del programa de Seguridad Estatal que impulsa el gobierno de Julio Menchaca Salazar, el cual ha centrado sus esfuerzos en acciones preventivas, inteligencia táctica y coordinación con fuerzas federales, con el objetivo de devolver la paz a zonas vulnerables por la actividad de grupos delictivos dedicados al robo y comercialización ilegal de combustible.
Además, se ha trabajado en el refuerzo de la vigilancia territorial, la tecnificación de los operativos y el fortalecimiento institucional de las corporaciones de seguridad estatales, lo cual ha permitido mejorar los tiempos de reacción, localizar tomas ilegales en puntos clave y proceder conforme a la ley con quienes violan el marco jurídico.
Un impacto directo en la economía, la seguridad y el medio ambiente
El impacto de estas acciones ha sido multisectorial. Por un lado, beneficia directamente a las fuerzas de seguridad y a las comunidades locales que viven cerca de ductos y zonas de riesgo; por otro, reduce el peligro de explosiones, contaminación ambiental y accidentes, derivados de la manipulación ilegal de combustibles.
También, representa una certeza jurídica y operativa para empresarios y distribuidores de energía, quienes ahora pueden operar en un entorno más confiable. El sector asegurador también se ha visto beneficiado, al reducirse los reportes por daños asociados a esta práctica delictiva.
