En Hidalgo, se ha informado que existen dos mil millones de pesos pendientes de solventar ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Álvaro Bardales Ramírez, titular de la Secretaría de Contraloría en el estado, detalló que estos más de 2.000 millones de pesos corresponden a diferentes ejercicios, acumulando alrededor de cinco o seis años de irregularidades. De estos, los 638 millones de pesos se refieren a auditorías del Poder Ejecutivo realizadas en 2021 y 2022.
Como resultado de las auditorías colmena de la ASF a la cuenta pública 2021, el municipio con más observaciones es Ixmiquilpan con 3.1 millones de pesos pendientes de solventar, seguido de Mineral de la Reforma con 1.8 millones de pesos, Mineral del Monte con 749 mil pesos, Mineral del Chico con 410 mil pesos, Nopala con 152 mil pesos, Metztitlán con 83 mil pesos y Actopan con 49 mil pesos.
En tanto, de la cuenta pública 2022, los ayuntamientos con pendientes son Lolotla con 8.7 millones de pesos, San Felipe Orizatlán con 2.8 millones de pesos, Zacualtipán con 2.5 millones de pesos, Tezontepec de Aldama con 1.8 millones de pesos, Actopan con 1.2 millones de pesos, Mixquiahuala con 739 mil pesos, Nopala con 561 mil pesos, Metztitlán con 232 mil pesos y Tula con 186 mil pesos.
Por otro lado, Bardales señaló que, “Hay dos presidentes municipales que en estos momentos están inhabilitados y están publicados en los portales de los servidores públicos inhabilitados en San Felipe Orizatlán y Zacualtipán. En ambos casos, quien llevó los procesos son los propios ayuntamientos y los órganos internos de control.”
El alcalde electo de San Felipe Orizatlán, Carlos César Pérez Escamilla, podría no asumir el cargo el próximo 5 de septiembre debido a una sanción que inició en febrero y abarca 30 meses, por lo cual estaría imposibilitado a ejercer el cargo de presidente municipal de aquella demarcación
En el caso del alcalde electo de Zacualtipán, Armando Pérez Hernández, la inhabilitación termina en agosto, por lo cual daría tiempo para que asuma el cargo de alcalde en septiembre. La inhabilitación de los funcionarios fue determinada por los órganos internos de control de sus respectivos ayuntamientos, y la Secretaría de la Función Pública y la Contraloría tienen el papel de analizar y comunicar las sanciones correspondientes.
