La Secretaría Contraloría, bajo la dirección de Álvaro Bardales, ha intensificado la fiscalización en centros educativos, institutos y universidades para asegurar el adecuado uso de los recursos asignados a este sector. Esta labor es fundamental para mantener la transparencia, eficiencia y rendición de cuentas.
Recientemente, la Coordinación de Contralores y Comisarios realizó inspecciones simultáneas en un total de 29 centros educativos: 5 instituciones, 5 centros de educación media superior, 2 universidades estatales, 3 institutos tecnológicos, 6 universidades politécnicas y 8 universidades tecnológicas del estado.
\n
Durante estas exhaustivas revisiones, se examinaron un total de 445 vehículos pertenecientes a las instituciones educativas. Los resultados de estas inspecciones revelaron varias irregularidades en el manejo y condición de los vehículos utilizados.
\n
Se identificaron un total de 77 observaciones, destacando que el 21 % correspondían a unidades sin bitácora de recorrido o con bitácoras incompletas y erróneas, el 14 % carecían de verificación vehicular, el 13 % no tenían mantenimiento adecuado, el 12 % presentaban algún tipo de daño, y el 10 % estaban fuera de uso o con placas no vigentes.
\n
El restante 20 % de las observaciones incluía vehículos sin pólizas de seguro, unidades con reporte de robo o siniestradas, problemas con las pólizas de seguro, falta de equipos de seguridad adecuados, resguardos incorrectos, ausencia de títulos de propiedad, logotipos institucionales o contratos de comodato.
\n
Ante estas irregularidades, la Secretaría de Contraloría notificó a los rectores y titulares de las instituciones educativas afectadas para que, en un plazo máximo de 15 días, corrijan las deficiencias detectadas. Este requerimiento debe ser atendido por los responsables de las áreas administrativas o del parque vehicular correspondientes. En caso de no cumplir con las correcciones necesarias en el tiempo establecido, se iniciarán procesos administrativos que podrían resultar en responsabilidades para los funcionarios involucrados.\n
\n
Álvaro Bardales, el contralor estatal, subrayó la importancia de estas acciones como medidas preventivas contra la malversación de fondos y para eliminar prácticas perjudiciales que podrían afectar al sistema educativo y a la sociedad en general.\n
\n
Este proceso de supervisión y corrección forma parte del compromiso continuo de la dependencia para fortalecer la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos destinados a la educación, garantizando que estos sean empleados adecuadamente en beneficio de la comunidad.
