La mañana de este lunesse confirmó la\xa0;muerte del agente de la PGJEH, Paulino Castañeda Aguilar, horas después del fallecimiento de su compañero Vicente Monroy Ballesteros. Ambos elementos de la policía fueron golpeados el pasado fin de semana por presuntos integrantes de una secta dentro de un templo donde se venera a la Santa Muerte, en la colonia La Loma de Pachuca.
Retenidos durante operativo en colonia La Loma
El sábado pasado, los agentes ministeriales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) acudieron a la residencia a entregar una notificación por violencia familiar. Durante la diligencia, fueron retenidos por cuatro personas armadas y llevados a un lugar de culto denominado El Angelito Negro 666, donde permanecieron por varias horas bajo agresión.
El domingo, Vicente Monroy murió al recibir atención médica. Su compañero Paulino Castañeda falleció este lunes a las 12:30 horas en el Hospital Intermédica de Pachuca a causa de las heridas recibidas por el culto.\xa0;
Familiares responsabilizan a mando policial
José Antonio Castañeda, hermano del fallecido Paulino, acusó negligencia de la comandante Patricia Moya Domínguez, jefa directa de ambos policías. Según declaró, desde el sábado se había perdido contacto con los agentes, pero la comandante no reportó la desaparición hasta el día siguiente, retrasando así el operativo de búsqueda.
“Si se hubiera actuado a tiempo, quizá mi hermano estaría vivo”, expresó José Antonio, quien solicitó la destitución inmediata de Moya. La familia acudió a la PGJEH para exigir justicia y fue recibida por el encargado del despacho del procurador Francisco Fernández Hasburn.
Detienen a cuatro presuntos agresores
Finalmente, tras la denuncia, elementos de seguridad realizaron un operativo en la colonia La Loma, donde hallaron a los agentes heridos dentro del templo. En el lugar fueron detenidas cuatro personas, entre ellas una mujer, quienes según la PGJEH estarían vinculadas a una secta.
Las autoridades continúan con la investigación para determinar responsabilidades tanto en la agresión como en la presunta omisión de protocolos internos que, según la familia, pudieron haber salvado una vida.
