En una sesión histórica, diputados locales de Hidalgo aprobaron reformas significativas a la Ley de Movilidad y Transporte del estado, estableciendo nuevas obligaciones para los conductores de servicios de transporte con el objetivo de combatir la violencia de género, especialmente contra mujeres y niñas.
Según lo acordado el martes, ahora es obligación de los concesionarios y permisionarios colaborar y brindar apoyo al primer respondiente o autoridad en casos probables de delito en los que estén involucradas mujeres o niñas. Esta medida busca garantizar una respuesta efectiva ante situaciones como acoso o violencia sexual en el transporte público, fenómeno que afecta significativamente a la seguridad y bienestar de las usuarias.
De acuerdo con datos presentados durante la discusión legislativa, un alarmante 30% de las usuarias de servicios como Tuzobús, URVAN y taxi metropolitano reportaron haber experimentado algún tipo de violencia sexual, incluido el acoso, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de Inegi (ENVIPE, 2021). Esta estadística subraya la urgencia de medidas efectivas para abordar este problema.
El robo o asalto, tanto en la calle como en el transporte público, constituye el delito más común, afectando al 22.5% de los usuarios. Específicamente, el 60% de los casos de acoso sexual ocurren en vehículos de transporte público, siendo las mujeres las principales víctimas, representando el 90% de los incidentes, de las cuales el 40% son menores de 15 años.
En respuesta a estas preocupaciones, la ley ahora también obliga a implementar procesos de capacitación y certificación para sensibilizar, prevenir y atender el acoso sexual en el transporte público. Además, se establece la colaboración con otras dependencias para realizar campañas de prevención de la violencia contra las mujeres en estos espacios.
Los legisladores destacaron la importancia de crear un entorno seguro y libre de violencia para todas las personas, especialmente para las mujeres y personas de géneros marginados. “El acoso sexual en el transporte público no solo afecta la seguridad personal de las víctimas, sino que también limita su acceso a servicios básicos y su participación plena en la vida pública”, afirmaron durante la sesión.
