Las labores de construcción en el tramo Mineral del Monte-Huasca de la carretera federal Pachuca-Huejutla han sido suspendidas debido a una demanda de amparo interpuesta por un particular que alega prejuicio causado por la obra.
Juan Hernández Solís, propietario de un predio de cuatro hectáreas en la localidad Rancho Nuevo, en Mineral del Monte, ha sido el encargado de interponer el recurso legal. Según Hernández, la construcción llevada a cabo por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) afecta directamente su propiedad.
El representante legal de Hernández Solís ha manifestado que su cliente solicitó indemnización al anterior gobierno de Hidalgo por los perjuicios ocasionados por la obra. Sin embargo, afirma que no se realizó ninguna expropiación del terreno ni se efectuó el pago correspondiente, lo que motivó la acción legal.
Fredy Francisco Aguilar, juez Tercero de Distrito en Hidalgo, ha concedido la suspensión definitiva solicitada por Hernández Solís en su demanda de amparo. Según un medio nacional, el juez ha citado lo siguiente en su fallo:
“Cabe hacer mención que ingrese un oficio con fecha 19 de agosto del 2021 de no pagar al señor (José de Jesús López Nieto) por presentar muchas irregularidades ante la SOPOT; haciendo caso omiso y descubriendo que ya existía una transferencia en cuenta Banamex de fecha 24 de octubre del 2022 por la cantidad de $12,400,683.94 pesos y otra transferencia al mismo banco por la cantidad de $3,100,170.98 pesos a favor de Carlos Ramírez Soto, por el pago de la afectación de una superficie de 41138.15 m2 quienes al saber que habría la construcción de la carretera antes mencionada giraron su poligonal 91 grados y en contubernio con las autoridades antes mencionadas para verse favorecidos con el pago…”
La suspensión dictada por el juez estipula que las autoridades responsables deben abstenerse de continuar con los trabajos de revestimiento de carpeta asfáltica en el predio denominado “Rancho San Manuel”, actualmente “Rancho Nuevo”, en Mineral del Monte.
Esta suspensión representa un obstáculo significativo para el avance de la obra y plantea desafíos tanto para las autoridades responsables como para el particular afectado. Se espera que se resuelva este conflicto legal de manera justa y equitativa, velando por los derechos de todas las partes involucradas y buscando una solución que beneficie a la comunidad en su conjunto.
