La construcción de otro tramo de la nueva carretera federal Pachuca-Huejutla, que realiza la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del gobierno federal, ha sido suspendida por orden del juez federal del tercer distrito, Fredy Francisco Aguilar Pérez, en respuesta a una demanda presentada por comuneros del poblado de Rancho Nuevo, perteneciente al municipio de Mineral del Monte, Hidalgo. Esta decisión legal es la segunda en un mes que paraliza temporalmente las labores de construcción en diferentes tramos de la carretera.
Los comuneros, representados por Pascual López de la Sociedad Real Zumate, S.A. de C.V., promovieron un amparo indirecto (321/2024) solicitando la suspensión temporal de los trabajos en dos porciones del tramo carretero que atraviesa un predio denominado Bosques de Pueblo Nuevo. Según el amparo, estas porciones de terreno suman un total de 11,760 metros cuadrados y ya habían sido objeto de trabajos de preparación para la construcción de la vía, incluyendo la eliminación de follaje y el trazo de la vía para pavimentación y reencarpetamiento.
El juez Aguilar Pérez, en su decisión, destacó que los terrenos en cuestión forman parte de un polígono de tierra de 687.29 hectáreas cuyos propietarios son los habitantes de Pueblo Nuevo, de acuerdo con la escritura pública 56,923, que data del 21 de diciembre de 2019. Este polígono de tierra fue otorgado a los nativos y habitantes de la ranchería, hoy Pueblo Nuevo, mediante un decreto presidencial de 1924, bajo un régimen de propiedad comunal.
El abogado Julio Gálvez, representante legal de los comuneros, explicó que, a pesar de poseer un título de propiedad de hace 100 años, la SICT nunca indemnizó a los propietarios por la construcción de la carretera Pachuca-Huejutla. Según Gálvez, para usar legalmente los predios, la SICT debería haber solicitado la donación de los mismos al presidente de los Bienes Comunales de Pueblo Nuevo a cambio de una compensación económica.
Sin embargo, esto nunca ocurrió, y los funcionarios de la SICT procedieron con la construcción sin notificar a los comuneros. A pesar de que los fondos para la indemnización estaban disponibles desde 2019, y se firmaron convenios para aumentar los fondos destinados al pago de las afectaciones, la SICT nunca realizó los pagos, lo que afectó gravemente el derecho de propiedad de la ranchería de Pueblo Nuevo.
Ante esta situación, el abogado Gálvez, acompañado de algunos comuneros, notificó a los jefes de obra de la carretera sobre la suspensión de las labores y los instó a abandonar el lugar, lo cual fue aceptado por los trabajadores de la construcción.
