Un fallecimiento en el Cereso de Tulancingo se registró recientemente cuando un menor, hijo de una reclusa del centro penitenciario, perdió la vida tras presentar un cuadro médico crítico. Con este caso, las autoridades contabilizan cinco decesos dentro del penal durante 2025, incluyendo internos y un directivo. Las autoridades descartaron actos de negligencia y confirmaron que se siguieron todos los protocolos de atención correspondientes.
Atención médica inmediata y traslado al hospital
El Cereso de Tulancingo informó que el personal del penal detectó que el menor tenía una temperatura elevada de 40 grados. De manera inmediata, recibió atención dentro de las instalaciones y posteriormente fue trasladado al hospital más cercano. Lamentablemente, falleció minutos después de su ingreso, a pesar de los esfuerzos médicos realizados para salvar su vida.
Protocolos cumplidos y supervisión institucional
La Dirección del penal destacó que médicos y personal de seguridad actuaron conforme a los protocolos establecidos para emergencias médicas. Todos los procedimientos administrativos y sanitarios se cumplieron desde que se reportó la emergencia, asegurando que no hubo negligencia por parte del personal del Cereso. La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo supervisa estas acciones para garantizar la atención y protección de los internos.
Información a familiares y medidas preventivas
Los familiares del menor recibieron información oficial sobre el incidente y el seguimiento de los protocolos aplicados. Las autoridades estatales y del penal trabajan de manera coordinada para registrar oficialmente el deceso y prevenir situaciones similares en el futuro. Este caso se suma a otros cuatro fallecimientos ocurridos durante 2025, reforzando la necesidad de mantener protocolos de seguridad y atención médica dentro del Cereso de Tulancingo.
El centro penitenciario reiteró su compromiso con la transparencia y la correcta aplicación de los procedimientos médicos y administrativos, así como con la supervisión continua por parte de autoridades estatales, con el objetivo de proteger la integridad de los internos y de sus familiares durante su estancia en el penal.
