Nicolás Maduro informó este miércoles sobre la detención de más de 1.200 personas involucradas en las protestas que estallaron tras la controversia en torno a los resultados de las recientes elecciones presidenciales en Venezuela. El Consejo Nacional Electoral (CNE) había proclamado a Maduro como ganador el lunes pasado, a pesar de no haber escrutado la totalidad de las actas.
Detenciones masivas y acusaciones
Maduro, en un discurso ante efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en Caracas, describió a los detenidos como “criminales” y “terroristas entrenados en Perú, Chile, Texas y Colombia”, que supuestamente tenían la intención de desestabilizar Venezuela. En un video compartido en redes sociales, el dictador reafirmó su postura y acusó a estos individuos de intentar socavar la estabilidad del país.
El presidente venezolano también mencionó que “casi el 80 %” de los venezolanos repatriados desde Estados Unidos habían participado en las manifestaciones violentas que se han extendido por varias regiones del país. Estas protestas se desataron después de que la oposición, liderada por el candidato Edmundo González Urrutia, alegara haber ganado las elecciones por un amplio margen.
Violencia y represión
Las protestas se han intensificado desde el anuncio de los resultados, y la situación ha derivado en enfrentamientos violentos. Maduro, que había prometido un “baño de sangre” en caso de una derrota electoral, ha sido acusado de autorizar represalias violentas. Al menos 16 venezolanos han perdido la vida en confrontaciones con colectivos chavistas y la Guardia Nacional.
Reacciones internacionales
El gobierno de Perú ha respondido a las acusaciones de Maduro rechazando las afirmaciones de que el país andino albergue “centros de entrenamiento” para manifestantes antigubernamentales. El gobierno peruano ha calificado las declaraciones del dictador como infundadas y ha expresado su condena a tales acusaciones.
El lunes, tras el anuncio del CNE de declarar a Maduro ganador, las protestas se intensificaron. La oposición y diversos grupos de derechos humanos han cuestionado la transparencia del proceso electoral. El Centro Carter, que actuó como observador en las elecciones, declaró este martes que el proceso “no se adecuó” a los estándares internacionales de integridad electoral, y concluyó que no puede ser considerado una elección democrática.
