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El año 2023 estuvo marcado por la difícil situación que enfrentó el personal de diversos hospitales dependientes de la Secretaría de Salud del Estado de Hidalgo (SSH), quienes laboraron bajo protesta debido a la crónica escasez de medicamentos e insumos esenciales para su desempeño. Marchas y manifestaciones se convirtieron en un reclamo constante, exigiendo a las autoridades soluciones inmediatas.
El conflicto se intensificó en los primeros meses del año con la apertura de dos carpetas de investigación relacionadas con el nuevo Hospital General de Pachuca. La construcción y la adquisición de insumos para combatir la Covid-19 fueron cuestionadas, generando incertidumbre sobre el inicio de operaciones en este nosocomio, inaugurado previamente por la administración anterior.
En enero, también salió a la luz el tema de descuentos injustificados al personal médico por parte de instituciones financieras, siendo señalada directamente la lideresa sindical, Sonia Ocampo Chapa.
Para el segundo mes del año, se anunció una inversión de 101 millones de pesos destinada a la rehabilitación de 50 centros de salud con más de 60 años de antigüedad en varios municipios, incluyendo Calnali, Tianguistengo, Ajacuba, Cuautepec de Hinojosa, Tezontepec de Aldama, Tula, Zimapán, entre otros. Cinco de estos centros serían reemplazados, como el de Santa María Batha.
Durante el tercer mes, la titular de la SSH, María Zorayda Robles Barrera, admitió que los servicios sanitarios en la entidad eran “deficientes e ineficaces” debido a la falta de inversión a lo largo de décadas.
En noviembre, en una conferencia mañanera, Robles Barrera compartió que anualmente se destinan 120 millones de pesos para la compra de medicamentos. Además, se informó que el abasto de medicamentos a las clínicas IMSS-Bienestar en Hidalgo, a través del SAI, alcanzaba el 92 por ciento, aunque la realidad en los hospitales estatales continuaba siendo preocupante.
La crisis sanitaria en Hidalgo deja al descubierto la urgencia de abordar de manera integral los problemas estructurales y financieros en el sistema de salud, con el objetivo de garantizar la atención adecuada a la población y mejorar las condiciones laborales del personal médico.
