El Congreso de Hidalgo aprobó una reforma a la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Eliminar la Discriminación en el Estado, con el objetivo de fortalecer la protección de los derechos humanos de las personas sin hogar y evitar actos discriminatorios, particularmente durante procedimientos de desalojo.
El dictamen lo evaluaron las diputadas y los diputados de la LXVI Legislatura con 26 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, durante una sesión ordinaria. La propuesta fue analizada y emitida por la Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales.
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¿Qué establece la reforma contra la discriminación en Hidalgo?
El legislador Juan Pablo Escalante Urbán, integrante de Morena y uno de los promoventes de la iniciativa, explicó que la reforma pretende fortalecer las acciones institucionales para evitar la discriminación contra las personas en situación de calle.
La modificación contempla ampliar las responsabilidades del Gobierno de Hidalgo, los ayuntamientos, las entidades estatales y municipales, además de los organismos públicos autónomos, para que implementen medidas orientadas a prevenir actos discriminatorios.
Uno de los puntos centrales de la propuesta es la protección de este sector de la población durante los procedimientos de desalojo, situaciones en las que pueden presentarse vulneraciones a sus derechos humanos.
De esta manera, la reforma busca que las intervenciones de las autoridades se realicen bajo criterios de respeto a la dignidad humana y sin prácticas que impliquen exclusión, trato desigual o discriminación por las condiciones de vida de las personas.
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Juan Pablo Escalante impulsa protección para personas en situación de calle
Durante la exposición del dictamen, Juan Pablo Escalante Urbán destacó la importancia de ampliar las medidas legales para atender la discriminación que enfrentan las personas que viven en situación de calle.
El diputado señaló que la iniciativa busca involucrar a distintas instancias gubernamentales, de manera que la prevención de estas conductas no recaiga en una sola dependencia, sino que forme parte de las responsabilidades de las instituciones públicas.
La participación de los ayuntamientos también resulta relevante, debido a que las autoridades municipales intervienen directamente en diversos asuntos relacionados con los espacios públicos y la atención de las personas que habitan en ellos.
En este sentido, la reforma plantea fortalecer el marco legal de Hidalgo para que las instituciones cuenten con mayores obligaciones en materia de prevención de la discriminación.
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¿Qué sigue después de la aprobación de la reforma?
Tras el aval del pleno del Congreso local, el proceso legislativo deberá continuar conforme a las disposiciones aplicables para la promulgación y publicación de la reforma.
Una vez que entre en vigor, las obligaciones establecidas en la modificación deberán ser atendidas por las autoridades y organismos contemplados en el ordenamiento estatal.
El objetivo es que las personas en situación de calle tengan mayores garantías de protección frente a prácticas discriminatorias y que las instituciones públicas de Hidalgo fortalezcan sus mecanismos de atención y respeto a los derechos humanos.
