A cinco años de una de las afectaciones más significativas al patrimonio público de Hidalgo, el gobierno estatal tomó medidas contundentes para sancionar irregularidades financieras y reafirmar su compromiso con la transparencia. La reciente inhabilitación de la exsecretaria de Finanzas, Jessica Blancas Hidalgo, evidencia que la administración de Julio Menchaca no tolera actos que comprometan el erario.
Según el Registro Estatal de Servidores Públicos Sancionados, Blancas Hidalgo fue sancionada por su participación en la contratación de servicios financieros con el banco Accendo. La institución, actualmente en proceso de liquidación judicial, mantiene congelados aproximadamente 863 millones de pesos del presupuesto estatal, afectando directamente las finanzas públicas.
La acción correctiva no se limitó a un solo funcionario. También fueron inhabilitados César Alberto González López, exsubsecretario de Egresos; Juan Luis García Hernández, exdirector general de Ingresos de la Subsecretaría de Egresos; e Ignacio Valdez Benítez, extitular de la Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Salud. Todos ellos participaron en decisiones administrativas que expusieron recursos públicos a riesgos financieros significativos.
De acuerdo con la Contraloría del Estado, pese a las alertas y medidas correctivas emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre la situación financiera del banco Accendo, los funcionarios omitieron retirar los recursos públicos, lo que derivó en la inmovilización de millones de pesos.
Para el gobierno de Julio Menchaca, esta medida simboliza un quiebre con las prácticas del pasado, donde irregularidades graves quedaban impunes. La administración ha insistido en que no habrá protección ni encubrimiento para quienes hayan causado daño al patrimonio de la ciudadanía.
La Contraloría estatal aclaró que las inhabilitaciones no excluyen la posibilidad de responsabilidades adicionales, sean administrativas, civiles o penales, que podrían determinarse al concluir el proceso de liquidación del banco y esclarecer el destino final de los recursos públicos.
Con estas acciones, la gestión de Menchaca refuerza la idea de que la transparencia y la rendición de cuentas son políticas de Estado y no meros discursos políticos, enviando un mensaje claro sobre el combate a la corrupción en Hidalgo.
