Hidalgo ha recuperado más de 475 millones de pesos que fueron devueltos al patrimonio público como resultado de investigaciones y acciones contra la corrupción durante el gobierno de Julio Menchaca Salazar. A cuatro años de la actual administración estatal, la Contraloría de Hidalgo reporta avances en materia de fiscalización, sanciones y denuncias penales contra exfuncionarios y exalcaldes.
Las acciones que emprendieron las autoridades estatales alcanzaron a 25 exfuncionarios y 10 exalcaldes, a quienes quienes señalaron por presuntas irregularidades. En total, se han presentado 95 denuncias penales por delitos relacionados con corrupción, cifra con la que Hidalgo se ubica, de acuerdo con los datos reportados por la administración estatal, en el primer lugar nacional por querellas presentadas por este tipo de delitos.
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Hidalgo refuerza el combate a la corrupción
Uno de los principales objetivos de la administración de Julio Menchaca en Hidalgo es fortalecer los mecanismos de vigilancia sobre los recursos públicos y detectar posibles actos de corrupción dentro de las instituciones.
Como parte de esta estrategia, las investigaciones realizadas por la Contraloría estatal han permitido avanzar en procedimientos administrativos y legales que buscan recuperar recursos y establecer responsabilidades contra quienes hayan incurrido en irregularidades.
El monto superior a 475 millones de pesos recuperados para el patrimonio público de Hidalgo representa uno de los principales resultados reportados en materia de combate a la corrupción durante la actual administración.
Contraloría de Hidalgo depura el padrón de proveedores
La revisión no se ha limitado a servidores públicos. La Contraloría de Hidalgo también reforzó la vigilancia sobre las empresas que buscan prestar servicios al gobierno estatal.
Mediante auditorías y procesos de revisión, detectaron y eliminaron 6 mil 895 registros irregulares dentro del padrón de proveedores. Esta depuración busca reducir los riesgos de contratación de empresas que no cumplen con los requisitos establecidos por la legislación.
Además, 123 empresas las sancionaron con la cancelación de sus registros debido al incumplimiento de las disposiciones legales.
Estas acciones forman parte de una estrategia para aumentar la transparencia en las contrataciones públicas y fortalecer los controles sobre el uso de los recursos del estado de Hidalgo.
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Más de 800 procedimientos sancionatorios tuvieron resolución
En el ámbito administrativo, las autoridades estatales también reportaron avances importantes.
Hasta el momento, 865 procedimientos sancionatorios alcanzaron una resolución firme. A esto se suman 51 expedientes considerados graves, los cuales los turnaron al Tribunal de Justicia Administrativa para continuar con el proceso correspondiente.
El objetivo es que las posibles responsabilidades administrativas no queden únicamente en investigaciones internas, sino que los casos que así lo ameriten continúen ante las instancias encargadas de determinar las sanciones correspondientes.
Buzón Digital y Usuario Simulado: herramientas contra irregularidades
La participación ciudadana también se ha incorporado a las acciones de vigilancia en Hidalgo.
A través del Buzón Digital, la población puede reportar posibles irregularidades relacionadas con la prestación de servicios y trámites gubernamentales. Esta herramienta busca facilitar la presentación de quejas y señalamientos sin necesidad de recurrir exclusivamente a mecanismos presenciales.
Otra de las estrategias que implementaron es “Usuario Simulado“, mediante la cual se realizan ejercicios de supervisión para identificar posibles prácticas indebidas en la atención de trámites y servicios públicos.
Estas herramientas permiten detectar áreas de oportunidad y posibles irregularidades desde la experiencia directa de quienes utilizan los servicios gubernamentales.
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Auditorías permitieron solventar más de mil millones de pesos ante la ASF
La fiscalización del gasto público también representa uno de los puntos centrales de la estrategia anticorrupción en Hidalgo.
De acuerdo con los resultados reportados por la administración estatal, se realizaron 500 auditorías, cuyos procesos permitieron solventar más de mil millones de pesos ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La revisión de los recursos busca garantizar que el dinero público se utilice conforme a la normativa y que las observaciones que se detecten durante las auditorías las atiendan las dependencias responsables.
