El Congreso de Hidalgo tiene un plazo de 60 días para modificar los cobros que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucionales en las leyes de ingresos municipales. Esta resolución, emitida el 12 de mayo de 2026, representa el segundo año consecutivo en que el máximo tribunal invalida conceptos fiscales aprobados por el Poder Legislativo estatal.
La acción de inconstitucionalidad fue promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que impugnó cobros considerados excesivos dentro de 38 leyes de ingresos de distintos municipios hidalguenses. Ahora, los legisladores locales enfrentan presión para blindar la normativa fiscal y evitar nuevas invalidaciones en 2027.
SCJN invalida cobros por segundo año consecutivo
La resolución de la SCJN del 12 de mayo marcó un precedente importante para la legislación fiscal en Hidalgo. Por segundo año consecutivo, el máximo tribunal determinó que diversos conceptos aprobados por el Congreso local violaban principios constitucionales relacionados con la proporcionalidad y equidad tributaria.
La CNDH argumentó que las tarifas establecidas en las 38 leyes de ingresos municipales impugnadas resultaban excesivas y afectaban directamente los derechos de los ciudadanos hidalguenses. Entre los conceptos invalidados se encuentran cobros relacionados con servicios públicos que los ayuntamientos prestan a la población.
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Congreso busca blindar leyes de ingresos para 2027
Ante el revés judicial, el Congreso de Hidalgo anunció que impulsará modificaciones estructurales a las leyes para evitar que se repitan las acciones de inconstitucionalidad en el próximo ejercicio fiscal. Los legisladores tienen 60 días naturales a partir de la notificación oficial para realizar los ajustes correspondientes.
Las comisiones legislativas especializadas en materia hacendaria deberán revisar cada uno de los conceptos invalidados y proponer alternativas que cumplan con los criterios constitucionales establecidos por la SCJN. Este proceso incluye la revisión de tarifas por servicios como arrastre de grúas, donde los costos comienzan por debajo de los mil pesos.
El objetivo principal es garantizar que las leyes de ingresos 2027 no sean impugnadas nuevamente, lo que representaría un tercer año consecutivo de invalidaciones y afectaría la planeación financiera de los 84 municipios de la entidad.
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Municipios afectados deberán ajustar presupuestos
Los 38 municipios cuyas leyes de ingresos fueron invalidadas parcialmente enfrentarán ajustes en sus proyecciones de recaudación. La decisión de la SCJN obliga a las administraciones locales a dejar de aplicar los cobros declarados inconstitucionales de manera inmediata.
Esta situación impacta directamente en los ingresos propios de los ayuntamientos, que dependen en gran medida de las tarifas por servicios públicos para financiar obras y programas sociales. Los tesoreros municipales deberán replantear sus presupuestos de egresos para el resto del ejercicio fiscal 2026.
La invalidación también genera incertidumbre sobre los cobros retroactivos que pudieron haberse realizado antes de la resolución judicial, aunque la SCJN establecerá los efectos específicos de su determinación en los próximos días.
Antecedentes de acciones contra cobros en Hidalgo
La impugnación de la CNDH contra las leyes de ingresos de Hidalgo forma parte de una estrategia nacional del organismo para combatir cobros que considera violatorios de derechos humanos. En marzo de 2025, la comisión ya había promovido una acción similar contra cobros excesivos en la entidad.
El Congreso local reconoció que los procesos de aprobación de las leyes de ingresos municipales requieren mayor rigor técnico y jurídico. Los legisladores señalaron que trabajarán de la mano con los ayuntamientos y asesores especializados para garantizar que las tarifas 2027 cumplan con los estándares constitucionales.
¿Qué sigue para el Congreso de Hidalgo?
El plazo de 60 días comenzará a correr una vez que la SCJN notifique formalmente al Congreso de Hidalgo. Durante este periodo, las comisiones legislativas deberán analizar cada uno de los conceptos invalidados y proponer las correcciones necesarias.
Los diputados locales anticiparon que convocarán a sesiones extraordinarias si el plazo coincide con el periodo de receso legislativo. La prioridad será evitar que los municipios enfrenten problemas de recaudación durante los meses restantes del año.
El Gobierno de Hidalgo también podría participar en el proceso de revisión, brindando apoyo técnico a los ayuntamientos para establecer tarifas que equilibren las necesidades de recaudación municipal con el respeto a los derechos de los contribuyentes hidalguenses.
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