Sanciones aplicables por actos u omisiones en los que puedan incurrir servidores públicos que utilicen estructuras gubernamentales con fines electorales, se ejecutarán con apego a ley de cara al proceso comicial de 2024, informó Álvaro Bardales Ramírez, secretario de la Contraloría en Hidalgo.\xa0;
\xa0;
Afirmó que la administración encabezada por el gobernador Julio Menchaca Salazar, evitará el desvío de los recursos públicos con fines político-electorales o se utilicen en actos anticipados de campaña.
\xa0;
Bardales Ramírez indicó que el gobierno de Hidalgo actuará\xa0; con apego a la “Ley General de Responsabilidades Administrativas”, para determinar los mecanismos de corrección e investigación que en cada caso correspondan.\xa0;
\xa0;
De acuerdo con el calendario electoral 2024, en Hidalgo se renovarán 30 diputaciones locales —18 por mayoría relativa y 12 de representación proporcional—, así como 84 presidencias municipales, 84 sindicaturas, 14 sindicaturas de Primera Minoría (PM).
\xa0;
En este contexto, Álvaro Bardales consideró que a pesar de que la ley no obliga a servidores públicos a renunciar a cargos públicos, en caso de buscar puestos de elección popular, deben conducirse con apego a la norma, mantener su desempeño laboral en su cargo o comisión y realizar su proceso bajo la premisa de servir al pueblo.
\xa0;
“Durante esta primera etapa aquellas personas que aspiran al cargo podrán realizar actividades dirigidas a militantes y simpatizantes de los partidos políticos, pero sin el uso de recurso públicos o en horarios laborales, las y los inscritos ya cuentan con una serie de restricciones con el fin de no aventajar en el proceso electoral”, recordó el titular de la Contraloría.\xa0;
\xa0;
Reiteró que los aspirantes deben estar apegados a los principios de legalidad, honradez e imparcialidad, para no caer en actos anticipados de campaña con el uso de recursos públicos que incluso pueden considerarse desvíos y daños a la hacienda pública.\xa0;
\xa0;
Álvaro Bardales expresó que será responsable el servidor público que autorice, solicite o realice actos para la asignación o desvío recursos, ya sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico y en contraposición a las normas aplicables, a cambio de otorgar u ofrecer una ventaja indebida en el futuro en caso de obtener el carácter de servidores públicos de elección popular.
