La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) se encuentra en el ojo del huracán tras la revelación de una serie de irregularidades financieras que han acumulado más de mil 300 millones de pesos en observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) durante el periodo de 2018 a 2022.
Según los informes de la ASF, se desconoce el destino de mil 347.8 millones de pesos pertenecientes a las cuentas públicas de la UAEH en los últimos cuatro años. Estas observaciones han arrojado luz sobre diversas irregularidades, desde falta de documentación que justifique el gasto hasta pagos indebidos al personal y recursos no ejercidos que no fueron reintegrados.
En el año 2018, las observaciones ascendieron a 729.1 millones de pesos, de los cuales la mayoría (646 millones) se debieron a la falta de documentación que respalde el destino del gasto. Además, se registraron 75.7 millones en pagos de remuneraciones indebidas al personal y 4 millones destinados a conceptos que no cumplieron con los objetivos especificados. Estas irregularidades han sido principalmente señaladas en la partida U006 del “Programa de subsidios federales para organismos descentralizados estatales”.
El año 2019 no fue menos tumultuoso, con 482.8 millones de pesos observados por la Auditoría, principalmente por pagos indebidos al personal. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) también entró en escena ese año al detectar transferencias inusuales a cuentas bancarias en el extranjero, congelando más de 160 cuentas. Aunque algunas fueron liberadas posteriormente, el bloqueo afectó a la universidad y sus beneficiarios.
La situación continuó en 2020 y 2021, con observaciones de 380.1 millones y 278.4 millones de pesos respectivamente, destacando nuevamente los pagos indebidos al personal como una de las principales irregularidades.
Las repercusiones legales también han llegado a la institución, con acusaciones de lavado de dinero contra el ex presidente del Patronato de la UAEH, Gerardo Sosa Castelán, quien presuntamente blanqueó más de 58 millones de pesos provenientes de las arcas de la universidad. A pesar de la solicitud de 55 años de prisión y el pago de multas, Sosa Castelán ha obtenido prisión domiciliaria debido a problemas de salud.
