Con el fin de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, los ayuntamientos enfrentan el desafío de abordar y corregir las observaciones recibidas en diversos ámbitos antes del cierre de las administraciones municipales.
El secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, encabezó la reunión donde autoridades estatales brindaron orientación y asesoramiento a los representantes municipales en áreas clave de la gestión pública. Entre los temas abordados se destacan las finanzas, contraloría, auditorías, transparencia, salud, materia electoral, protección civil y estiaje.
La jornada inició con ponencias a cargo de Álvaro Bardales Ramírez, titular de la Secretaría de Contraloría, y José Olvera, subsecretario de Hacienda, quienes enfatizaron la necesidad de una adecuada gestión de los recursos federales destinados a seguridad y obras públicas municipales. Se informó que 39 municipios enfrentan el reto de concluir más de 50 obras pendientes, cuyo plazo expira el 31 de julio. Destacaron la nueva forma de administrar los recursos públicos bajo el liderazgo del gobernador Julio Menchaca Salazar, enfocado en la rendición de cuentas.
Jorge Valverde Islas, auditor Superior del Estado, resaltó la importancia de las evaluaciones del Programa Nacional de Evaluación y de los fondos federales, como el FORTAMUN, cuyo cumplimiento está establecido en distintas leyes.
Por su parte, Myrna Rocío Moncada, titular del Instituto de Transparencia en Hidalgo, subrayó la necesidad de una total transparencia en la gestión municipal, recordando que la información pública pertenece a los ciudadanos y debe ser accesible en los portales web de los gobiernos locales.
María Magdalena González Escalona, consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), y Diana Jeanethe Rodríguez López, fiscal de Delitos Electorales, abordaron temas relativos a los próximos comicios, recordando a los presentes las normativas y restricciones durante el periodo de veda electoral.
En esta línea, recalcaron la importancia de la neutralidad y la equidad en el acceso a los espacios comunes para la propaganda política, así como la prohibición de promocionar logros o programas sociales durante dicho periodo.
