Tras la aprobación de la eliminación de los fideicomisos en el Senado, el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación ha decidido extender el paro nacional de actividades hasta el próximo domingo. Esta medida, que se adopta en un contexto de agitación entre los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, se aplicará sin perjuicio de que aquellos empleados que deseen continuar laborando lo hagan, siempre que respeten su voluntad.
La determinación lo dio a conocer el Sindicato en un comunicado que se realizó tras una asamblea urgente celebrada la noche anterior. En esta asamblea, el Comité Ejecutivo Nacional y los 67 secretarios de los comités locales del interior del país avalaron esta medida, que esta mañana se les comunicará a la base trabajadora en las distintas sedes del Poder Judicial de la Federación en todo el país.
El Sindicato aclaró que la extensión del paro se debe al clima generalizado de inconformidad que se ha apoderado de un grupo significativo de trabajadores del Poder Judicial de la Federación, en relación con la eliminación de los fideicomisos y la posibilidad de una reducción en el presupuesto del Poder Judicial de la Federación para el ejercicio fiscal de 2024, propuesta por la Cámara de Diputados.
Patricia Aguayo Bernal, secretaria del Tribunal Colegiado en Materia Laboral en San Lázaro, informó que se realizó una encuesta para determinar la opinión predominante entre los trabajadores del Poder Judicial. El resultado preliminar de esta encuesta arrojó que al menos el 70% de los empleados apoyan la prolongación del paro nacional.
“Durante toda la tarde estuvimos haciendo esa encuesta, a través de redes como hemos estado trabajando prácticamente, para llevar todo este movimiento, hicimos un trabajo con poca gente y el resultado que nos han dado hasta ahora, que no es definitivo, es en el sentido de que un 70 por ciento se están pronunciando por la prolongación de este movimiento”, afirmó Aguayo Bernal.
Cabe destacar que, en el comunicado emitido por el Sindicato, se hizo hincapié en que la Representación sindical se compromete a gestionar el pago regular de salarios y prestaciones de los trabajadores, aunque esta gestión está sujeta a la autorización de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal.
